martes, 1 de julio de 2014

Fin del rescate EPSVs transcurridos 10 años

Hoy podíamos leer esto en El Correo:

El Tribunal Constitucional ha aceptado un recurso presentado por la Administración central contra la legislación vasca que regula las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) -los planes de ahorro de cara a la jubilación-, al concluir que el Ejecutivo de Vitoria no tiene competencias para modificar aspectos sustanciales de la legislación básica. Como consecuencia de la sentencia, anunciada ayer por el titular vasco de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, el Alto Tribunal acaba con las principales ventajas que ofrecían las EPSV frente a los planes de pensiones comercializados en el resto de España y, en concreto, con los supuestos de rescate.

En el caso de las EPSV privadas, los titulares podían optar por rescatar el dinero aportado y también el rendimiento financiero generado con el paso del tiempo transcurridos 10 años desde la contratación del producto. En el caso de los fondos de pensiones regulados por la normativa del Estado, sin embargo, esta opción no existe y es necesario llegar al retiro laboral efectivo para poder acceder a este ahorro.

El recurso de inconstitucionalidad fue promovido por el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2012, diez meses después de la aprobación de la norma vasca por parte del Parlamento autonómico, y ahora el Alto Tribunal ha anulado varios párrafos de siete artículos de la ley vasca y otro más en su integridad, de una legislación con 80 apartados y siete disposiciones adicionales, más otra serie de disposiciones transitorias y finales.

Derechos adquiridos
A pesar de que el Gobierno vasco en su valoración de la sentencia considera que la misma permite conservar «la vigencia y eficacia del grueso de la ley», no oculta lo negativo de las consecuencias del fallo, en especial, la relativa a la anulación de la posibilidad de rescatar a los 10 años las aportaciones a las EPSV.
No obstante, el Ejecutivo autonómico considera «prioritario preservar los derechos adquiridos por los contratantes de planes de previsión social voluntaria formalizados con anterioridad al pronunciamiento del Constitucional, garantizando la seguridad jurídica y no perjudicando a quienes han contratado dichos planes de buena fe». En este sentido, el Gobierno vasco interpreta que el fallo del TC en relación al rescate de las aportaciones «producirá sus efectos cuando la sentencia sea plenamente eficaz, momento a partir del cual los nuevos contratos que se formalicen o las nuevas aportaciones que se efectúen a planes ya suscritos, deberán adecuarse y contemplar lo establecido en la sentencia». 
Por ello, también consideró necesario enviar «un mensaje de tranquilidad» tanto a las propias Entidades de Previsión Social Voluntaria como a las personas que han depositado su confianza y sus ahorros en estos instrumentos de previsión. Asimismo, señala que plasmará, «a través de la regulación interpretativa oportuna, la aplicación más segura y garantista de sus efectos para el sector y para los ahorradores vascos». 
El Ejecutivo de Urkullu quiso también realizar una valoración más 'política' de la sentencia, de la que, en este sentido, dijo que «supone un nuevo exponente de una visión recentralizadora de la distribución competencial por parte de las instituciones del Estado en un ámbito de actuación, como la previsión social voluntaria, que hasta ahora se entendía pacífico entre el Estado y la comunidad autónoma de Euskadi». 
A su juicio, el objetivo es «menoscabar nuestra competencia en mutualidades no integradas en la Seguridad Social», y la consecuencia, «introducir inseguridad jurídica en un campo económico-financiero cuya regulación estaba muy asentada a lo largo de los últimos treinta años». 
La comunidad autónoma vasca cuenta con 180 entidades de previsión complementaria, de las que 85 realizan planes de previsión complementaria individuales o de empleo, con un patrimonio de 22.500 millones de euros.